(Rafael Grooscors Caballero)
Una “mesa de diálogo” con quienes todavía están con las armas en la mano, no puede entenderse sino como un “armisticio” entre potencias beligerantes, cuando más allá de la fuerza de sus cañones, la diplomacia impone un transitorio cambio estratégico que las obligue a deliberar. Lógicamente, este no es el caso de Venezuela, en el momento actual, porque quienes tienen las “armas” son los de uno sólo de los dos grupos que se intenta que dialoguen y quien inició la “violencia” es ese mismo grupo armado, el cual detenta el gobierno, controla la casi totalidad de las instituciones del Estado y mantiene una especie de asociación delictiva con las Fuerzas Armadas Nacionales; es decir, el “régimen”. El otro grupo, la oposición, representada por la MUD – alianza de partidos políticos-- tiene una “única” institución que lo apoya: la Asamblea Nacional o el Poder Legislativo, representante de casi el 70% del electorado nacional; o sea, del equivalente a 14 Millones de venezolanos con capacidad para participar en el arbitrio del destino de la Nación. El primer grupo cuenta con la fuerza bruta; el otro, con la fuerza de la razón. Antípodas incapaces, por sobrada diferencia, de entenderse en un mismo lenguaje –barbarie contra civilización—y mucho menos “sentarse a dialogar”, como cuando el aroma y el color de las flores nuevas resurgen en la más dorada primavera de un escenario exento de riesgos y peligros.
No puede haber “diálogo” entre quienes representan las balas y entre quienes tienen el apoyo solemne de los votos. El valor de estos últimos tiene que ser suficiente para acallar el estruendo de las primeras. En una democracia, en una sociedad civilizada, los votos valen mucho más que las balas. Y, en todo caso, ¿qué es lo que se tiene y se quiere dialogar? ¿El severo respeto a la Constitución o el vulgar reparto del “ouro preto” del presupuesto nacional? ¿Quién y cuándo se propuso y logró violentar la Constitución y burlarse impunemente de la sagrada voluntad de la mayoría de los venezolanos? Veamos:
El 6 de diciembre del año pasado, un 70% del electorado votó “contra” el gobierno de turno, contra los dueños del Poder, de manera que ni siquiera la múltiple usurpación de las instituciones en beneficio de los perdedores, del régimen, pudo impedir que se conociera el fallo inapelable de la soberanía
nacional. Los venezolanos escogieron a las dos terceras partes de los candidatos de la oposición, para que integraran el Poder Legislativo y para que, con base en la Constitución vigente, repelieran los atropellos contumaces y continuados de quienes venían operando como “dueños” de Venezuela, precipitando al país hacía un caos irremediable, hacia una insalvable caída, la cual nos arrastra cada vez con mayor fuerza hacia el vacío. Venezuela votó contra el gobierno y ordenó a sus representantes, “poner orden en la casa”.
Ahora bien, antes de que los representados –los venezolanos-- fueran oídos y sus representantes legítimos actuaran, el “régimen” se adelantó, “a la brava”, a desfigurar el orden republicano, apelando a una “falsa y perdida mayoría”, transformando en barricada --¡bélicos, al fin!— a uno de los tres Poderes del Estado, el Poder Judicial, designando, en forma írrita e inoportuna, trece nuevos magistrados, sin los créditos exigidos por la propia Ley Orgánica respectiva, para integrar la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, irrespetando el espíritu de la Constitución, la moral pública, el Estado de Derecho y repeliendo la voz de la mayoría de los venezolanos. ¡Un verdadero golpe salvaje imposible de justificar! En otras palabras, el “régimen” se lanzó a una carrera de “violencia forzosa” contra los votos, para lo cual habrá que buscar las balas para defenderlos, entendiendo como tales las figuras legales que configuren la misma fuerza con que ellas agreden.
Desde el mismo mes de enero, luego de su instalación, la Asamblea Nacional del pueblo, en su gran mayoría constituida por representantes de la voluntad nacional, ha intentado encontrar un camino para poner ese “orden en la casa” que les exigieron sus representados; 14 Millones de venezolanos. Pero todo intento ha sido “anulado” por el “frankenstein” de la perversa Sala Constitucional del TSJ, alegando, en curiosa y cínica hipocresía leguleya, la defensa de la “constitucionalidad” del ya oprobioso régimen dictatorial imperante en Venezuela.
Desde entonces se dejó de lado lo que ya es imperioso decidir. ¡Anular la írrita designación de los falaces magistrados, impuestos en los días distraídos de la pasada navidad de 2015 y nombrar a sus sustitutos! Apelar a la estricta legalidad de esta acción, tomando en cuenta lo que al respecto dictan la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, más la opinión acerca de lo que consideren conveniente, por ejemplo, las universidades y los colegios profesionales respectivos, representantes a su vez de la sociedad civil desvalorizada, así como de la inteligencia académica que tanto ha despreciado el régimen usurpador presente. Y, finalmente, organizar, con todo derecho y con toda la mayor fuerza operativa posible, una marcha entusiasta e incontenible, de convencidos y leales demócratas venezolanos, para acompañar a los nuevos magistrados hasta el Palacio de Justicia y presenciar, aplaudiendo, avivando con singular interpretación el Himno Nacional de Venezuela, su “magistral” ocupación sobre las sedes arrebatadas desde hace un año, por quienes, sin propiedad, las utilizaron para violar la Constitución de la República y para burlar la solemnidad, la seriedad y la firmeza, del pueblo venezolano. Esto es lo que conviene hacer ya, antes que nada y sin más pérdida de tiempo, para luego disponer las otras medidas que manda la ley, para, en definitiva, “poner orden en la casa”. ¡Manos a la obra!
grooscors81@gmail.com
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